Lo cierto es que esta normativa, que pretendía ser un modelo mundial de control, que provocó críticas y rechazo, incluso desde el Gobierno estadounidese de George Bush, ha quedado casi en «agua de borrajas», según los representantes sindicales y ecologistas.
Esta nueva interpretación que se da al REACH muestra el cambio que se está produciendo en la UE en favor de las empresas, en vez de la preservación del Medio Ambiente y la salud de los ciudadanos, sobre todo de quienes trabajan en contacto con esas sustancias que provocan más muertes al año que los accidentes de trabajo. Esta semana pasada,
el director de
la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo
, Jukka Takala, reconoció que el uso de sustancias peligrosas en los puestos de trabajo es la causa de entre 31.000 y 56.000 muertes al año.
Manos libres
Esta marcha atrás ha generado un descontento en la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Esta organización deplora «las insuficiencias»contenidas en el acuerdo en cuanto a la protección de la salud para los trabajadores. Con el nuevo texto, «la industria química podrá seguir utilizando algunas sustancias extremadamente peligrosas aunque estén disponibles alternativas más seguras».
Con el acuerdo, las empresas sólo tendrán la obligación de señalar que van a controlar los riesgos de las 2.000 sustancias que son altamente tóxicas y cancerígenas, cuando en el texto inicial aprobado en el Parlamento Europeo exigía que se sustituyeran por otras menos nocivas para la salud.
La CES muestra su malestar porque, por otra parte, el principio de vigilancia de las sustancias se ha quedado reducido a una simple declaración de intenciones, que es inconsistente e intrascendente, para disponer de un control exhaustivo de los nuevos productos.
Otro elemento negativo que se ha incorporado al texto es que sólo se realizará de forma obligatoria un estudio sobre la seguridad química a partir de producciones superiores a diez toneladas al año.
«Los trabajadores expuestos a las 20.000 sustancias producidas entre una y diez toneladas no tendrán acceso a la información esencial para su protección». La organización sindical reconoce que la presión de la industria química sobre la instituciones europeas ha sido muy fuerte, pero recuerda que «el futuro de la industria europea no puede solamente basarse en las exigencias impuestas por la competitividad. Es tan sencillo como que la confidencialidad de los datos no puede triunfar sobre la salud humana y el medio ambiente». El acuerdo alcanzado implica a los conservadores, a los socialistas y liberales, que suponen la mayoría de la cámara europea.
Desde diferentes sectores se critica la gestión que ha realizado Guido Sacconi, parlamentario socialista y ponente de este programa al ceder en las pretensiones inicial acordadas. Chris Davies, diputado británico por los liberales, señaló que «se ha alcanzado un acuerdo entre los intereses comerciales de la industria química y la necesidad de proteger la salud humana». Sin embargo, casi todas las partes reconocen que la presión de las empresas, pero sobre todo de la patronal europea, es la ganadora de este acuerdo, porque «una vez que se ponga en marcha, pasará como en la actualidad que no se produce un control adecuado de esas sustancias que provocan muertes innecesarias» .-
30.000 complejos quimicos
Entre 2007 y 2018, si sale adelante la nueva legislación sobre las sustancias químicas, tendrán que estar registradas los 30.000 complejos químicos que se producen y comercializan en la UE. Finlandia, que ha propiciado el acuerdo entre el Parlamento y la Comisión, contará con
la una Agencia de
Control de Productos Químicos en Helsinki.
Según explicaron los responsables del acuerdo, la función principal de esa agencia será la exigencia de celeridad en cuanto al control de los productos más peligrosos, los cancerígenos que afecten a la capacidad reproductora y fabricados e cantidades superiores a mil toneladas.
Para la mitad de los productos que se dice que no causan excesivas disfunciones o hará falta un control, pero sí para 2.000 sustancias que están consideradas altamente peligrosas, ya que se acumulan en el organismo, son cancerígenas y afectan de forma directa al sistema endocrino.
Los más optimistas consideran que este paso dado permitirá la sustitución progresiva de sustancias.
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