El primer juicio por el caso de las intoxicaciones por plaguicidas del CAP Tarraco, que se diagnosticaron a una treintena de empleados tras unas fumigaciones que se realizaron en octubre de 2003 en el ambulatorio, ha sido suspendido hasta el 8 de febrero por un defecto de forma.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona tenía previsto celebrar hoy el juicio contra el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y la empresa que efectuó las fumigaciones, Comercial VT, que es una Sociedad Civil Particular (SCP), tras la demanda presentada por la trabajadora Carmen Mora, que sufre intolerancia química múltiple, fibromialgia y fatiga crónica.
En el registro de las SCP no consta el número de socios y hoy se ha sabido que Comercial VT tiene tres, lo que nos ha obligado a pedir la ampliación de los imputados y a aplazar el juicio', ha explicado a Efe Jaume Cortés, abogado del Colectivo Ronda que lleva el caso de trece de los afectados.
En opinión del letrado, 'la ocultación de este tercer socio forma parte de las maniobras dilatorias que están llevando a cabo los abogados de las defensas para evitar responder a este grave episodio de falta de medidas de seguridad laborales'.
También la demandante, Carmen Mora, que hoy ha acudido al juicio con una mascarilla, ha lamentado 'la dilatación del caso'.
Un total de 31 empleados del CAP Tarraco se vieron afectados por las fumigaciones, de los cuales 13 dejaron el caso en manos del Colectivo Ronda, que reclama para ellos un incremento de hasta el 50 por ciento de las pensiones que perciben por invalidez absoluta.
Estos trabajadores consiguieron por la vía administrativa que las secuelas que padecen se considerasen enfermedad laboral, por lo que la Seguridad Social les concedió la pensión de invalidez total, que cobran a través de mutuas.
Sin embargo, los trabajadores, la mayoría de los cuales son mujeres que trabajaban como administrativas o enfermeras en el Centro de Atención Primaria Tarraco, exigen un recargo de hasta el 50 por ciento sobre la pensión que perciben al considerar que tanto el ICS como la empresa fumigadora son responsables por no establecer las adecuadas medidas de seguridad.
El CAP Tarraco tuvo que cerrar provisionalmente sus instalaciones a principios de 2004 como consecuencia de distintos episodios de malos olores y, en julio de ese mismo año, se clausuró de nuevo por la presión ejercida por los trabajadores, algunos de los cuales sufrían, según informó entonces la Generalitat, 'problemas respiratorios leves'.
Según el abogado, el origen de estos problemas es la intoxicación por agentes químicos, especialmente por pesticidas compuestos de órganofosfatos, una causa que ha calificado como 'la enfermedad laboral del siglo XXI'.
Los síntomas que sufren las personas afectadas son múltiples, entre los que, según Cortés, destacan fatiga crónica, fibromalgia, trastornos neuropsicológicos, alteraciones endocrinas y dificultades cognitivas o pérdida de concentración, además de una sensibilidad química múltiple.
Esta hipersensibilidad es la que más complicada hace la vida a los afectados ya que no pueden usar productos de limpieza, ni de higiene personal.
El próximo día 8 de febrero se celebrará el juicio que hoy se ha suspendido y el siguiente, que ya estaba fijado para esa fecha.
Paralelamente, y por la vía penal, sigue su curso la demanda conjunta que interpusieron la treintena de afectados.
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