El panorama no puede ser más escalofriante: humos negros y cobrizos con olor a muerte emanan por las chimeneas de la fundidora.

A tan sólo 200 metros del complejo metalúrgico, los niños juegan al fútbol despreocupadamente y a cada paso tragan el polvo tóxico que viaja por el aire. Escuelas, calles, el hospital y las casas están cubiertas por el polvo metálico; los pinos no crecen, las flores son escasas. La belleza que antes existía ahora es ceniza.

La Oroya es la quinta ciudad más contaminada del mundo según el instituto Blacksmith, una organización conservacionista con sede en Nueva York. En la lista de los 10 pueblos más contaminados también figura Chernobyl, lugar donde ocurrió el accidente nuclear más grave de la historia.

Vemos que algunas personas transitan con máscaras y otras utilizan pañuelos. La  gran masa se cubre con las manos la nariz  y la boca para no ingerir el aire sulfuroso. “Antes era por horas; ahora todo el día botan los gases” nos dice Julia Zolano, una amable señora que tiene un puesto de dulces en las  afueras de la fábrica.

La fundidora arroja a la atmósfera más de 800 toneladas de dióxido de azufre diariamente, excediendo cinco veces los límites establecidos por las leyes peruanas.

Es imposible caminar por las angostas calles de la Oroya, la picazón en la garganta y la irritación en los ojos son inevitables. No comprendemos cómo la gente puede vivir de esta manera.

Maribel Velarde, responsable de realizar el primer análisis en la sangre de los niños oroyinos, nos dice que uno termina acostumbrándose, mientras nos muestra los resultados  de los estudios efectuados por el Ministerio de Salud a 788 niños menores de siete años.

La cifra es indignante: el 99.9 por ciento manifestaron plomo en el organismo, en promedio 41 microgramos por decilitro de sangre, cuatro veces más del límite de riesgo  permisible por la Organización Mundial de la Salud. Los niños pequeños y las madres gestantes son los más afectados.

Lo aterrador de la contaminación por plomo es que inicialmente no presenta signos visibles, pues su acción es lenta. Se sabe que afecta al sistema nervioso, produce agresividad, cansancio, anemia, deficiencia en el aprendizaje y el crecimiento y, en altas dosis, puede causar la muerte. 

Dengel es un niño de nueve años, pero por su estatura y  su peso parece tener seis. La historia de su hermano Reiner no es diferente: tiene siete años, mide apenas un metro y pesa 18 kilos. Su padre, Melitón Rivera, nos comenta que sus hijos tosen todo el tiempo y su estómago les duele mucho.

Melitón y su esposa no pueden dormir pensando en el futuro de sus hijos. “Cuando viene el humo cerramos las ventanas y la puerta; los ojos y la garganta nos pican como ají. Nadie nos va a sacar el plomo del cuerpo. Lo que buscamos es que nos trasladen y nos indemnicen”. Dengel corre hacia nosotros y con la libertad de los niños nos dice: “Yo y mis amigos queremos que hagan caer la chimenea.

Es muy feo y malo ese humo”. Las miradas de Reiner y Dengel son sombrías. No es habitual ver a un niño de la Oroya sonreír,  el plomo les ha arrebatado la inocencia y la alegría de la infancia. Reiner sueña con algún día ser un buen médico, para curar a  sus padres y a sus compañeros.
 
Desde 1997, año en que Doe Run se hizo propietario del complejo metalúrgico, los niveles de intoxicación por plomo han aumentado. Doe Run forma parte de Renco Group, cuyo principal accionista es el controversial multimillonario Ira Rennert.

Las empresas de Rennert enfrentan en los Estados Unidos un centenar de juicios por dañar al medio ambiente y atentar contra la salud pública. Su empresa productora de magnesio en Utah se declaró en bancarrota luego de que funcionarios federales lo acusaran de desechar ilegalmente residuos peligrosos.

La empresa matriz de Rennert es la fundición de plomo de Herculaneum, Missouri, empresa denunciada por contaminar a una población. Debido a que las leyes son más enérgicas en Estados Unidos, la empresa se vio obligada a indemnizar y trasladar a las 2800 personas que vivían junto a la fundición.

Por desgracia en nuestro país las cosas son muy diferentes, pues las leyes figuran en el papel mas no en la práctica. La coima generalizada y la ausencia de una conciencia civil contribuyen a que estos megaconsorcios hagan lo que quieran.

Tanto así que el Ministerio de Energía y Minas, en un acto sin precedentes, aceptó por novena vez el pedido de Doe Run de aplazar hasta el 2009 el cumplimiento de su Programa de Educación y Manejo Ambiental (PAMA), programa que prometió cumplir cuando les fue entregada la planta metalúrgica por Centromín.

Actualmente Doe Run no paga Impuesto a la Renta ni utilidades a los más de 3000 trabajadores que laboran en sus plantas. Frente a todo esto, el dirigente social Miguel Curi ha congregado a varias familias para demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la empresa y al Estado por indemnización. “Ya no creemos en Doe Run. Cuando vino nos prometió reducir las emisiones.

Yo vivo hace 22 años en la Oroya, pero desde hace seis, cuando me enteré de que mi hijo tenía plomo en la sangre, recién supe los daños irreversibles que provoca este en la salud. La empresa, el año pasado, ha quintuplicado sus ganancias, que ascienden a 150 millones, a pesar de lo cual no quieren construir las dos plantas de ácido sulfúrico que disminuirían en un 85% la emisión de gases y metales de la atmósfera”.

Curi tiene que llevar a sus dos hijos los fines de semana  fuera de la ciudad  para que se liberen de los humos, pero la mayoría de personas no cuenta con los medios económicos para hacer lo mismo.

El rebelde dirigente oroyino nos sirve de guía y nos conduce a varios hogares donde la gente ha decidido romper su silencio, debido a que los que se atreven a hablar sobre el tema son tildados en el pueblo como “traidores”.

Doe Run es la principal fuente de economía de la Oroya: el 80% de los moradores vive directa o indirectamente de la fundidora y la empresa permanentemente amenaza con irse si continúan las denuncias.

Las delegadas ambientales son un grupo de setenta amas de casa elegidas por la empresa para realizar campañas de limpieza en las calles y hogares.

Ellas son los ojos y oídos más efectivos de Doe Run. Al enterarse de nuestra presencia, una de ellas nos aborda en plena calle y nos interroga acerca de los motivos de nuestra visita.

Después  baja el tono y nos dice que la empresa le da juguetes a sus hijos y muñecas barbie a sus hijas en Navidad, que han construido un comedor público y duchas y que hay una guardería en Casaracra (uno de los poblados vecinos) donde se educa y nutre a los niños.

Al ver que no le refutamos, la señora nos mira con gesto desafiante y se va. Casaracra es una guardería creada por el convenio entre el Ministerio de Salud y Doe Run, pero tan sólo brinda cuidado a 75 niños (los casos más graves), atención insuficiente para la enorme población infantil intoxicada.

Subimos las empinadas escaleras hasta llegar a Gloriapata y Picuypata. Unos perros flacos nos dan la bienvenida. Estos son los barrios de la  zona alta de La Oroya antigua más contaminados. Las casas son de adobe, de una sola habitación y las paredes y las ventanas están llenas de hollín.

La gente no cuenta con agua potable o saneamiento básico. Las señoras tienen que lavar su ropa en la calle, en piletas comunales. Ninguna quiere que sus hijos salgan de sus casas porque el polvo gris está en todas partes y se lo pueden llevar a la boca.

Visitamos a la familia Ynga. Dos de sus tres hijos han fallecido por exposición al plomo y otros metales cancerígenos. Mercedes Ynga se niega a declarar porque debido a su testimonio para un canal nacional fue amenazada de muerte por el ex alcalde Clemente Quincho.

Ella, junto a su esposo e hija, tuvieron que huir a Lima durante dos semanas para salvar sus vidas. Luego de insistir, finalmente, acepta hablar con nosotros. “Mi hija murió a los 17 años tras padecer 9 de ellos con 82 microgramos de arsénico en el organismo.

Tenía manchas en la piel, fiebre por las noches y los doctores del hospital Guillermo Almenara, sobornados por la empresa, no nos decían lo que tenía. Mi otro hijo falleció cuando tenía un año y tres meses. Él nació con cáncer, con un tumor maligno en el cerebro”.

La voz de Mercedes se quiebra, sus manos empiezan a temblar y las lágrimas recorren sus rojas mejillas. Su esposo, Martín, un hombre robusto de 40 años, la toma entre sus brazos y ambos lloran. Mercedes ahora va de casa en casa para aconsejar a las mujeres oroyinas. No quiere que ninguna madre sufra lo que ella sufrió. “Ya no hay miedo, poco a poco estamos concientizando a la gente”, nos dice al momento de  despedirnos.
 
Recorremos los laberínticos barrios de La Oroya y las historias se repiten. La Oroya es una ciudad cubierta por un velo oscuro, rara vez asoman los rayos del Sol. Por las noches no se divisan  las estrellas. Parece que hubiera pasado un meteorito e incendiado los árboles, los pájaros y la ilusión de sus habitantes de respirar aire puro a su paso.

Las laderas de los cerros donde se aglomera caótica la ciudad se encuentran calcinadas. La vida que revoloteaba en los ríos Mantaro y Yauli ha desaparecido. Los abuelos nos cuentan que por esos días los pastos eran extensos, los cerros  verdes y se podía pescar truchas en los ríos.

Agustín Mamani es un ingeniero químico que trabajó 30 años en Doe Run. Él nos revela que la fundidora utiliza petróleo residual y la chatarra y concentrado tóxico que otros países no aceptan.

Nos advierte, además, que el caso de La Oroya ya no es un problema local sino nacional. El agua para consumo doméstico tiene plomo, zinc, arsénico, y otros materiales contaminantes, así como lo tiene el suelo y el aire.

Las alcachofas, el maíz y los diversos alimentos que salen de la zona central y se comercializan en los principales mercados de la capital están contaminados. Insistiéndonos en la peligrosidad del material particulado, el mismo que se instala en los pulmones y que debido a su pequeño tamaño puede viajar cuatro días antes de asentarse, la nube de plomo amenaza con llegar a Lima.  

Luego de escuchar estos estremecedores testimonios solicitamos una reunión con el jefe del área ambiental de Doe Run, ingeniero Jorge Miranda, quien accede a entrevistarse con nosotros muy temprano al día siguiente.

Llegado el momento lo esperamos en el hall de la empresa con miles de preguntas en la cabeza.  Pasaron varias horas y Miranda inexplicablemente no autorizó nuestro ingreso a la fábrica. Tras varias llamadas a su celular contesta sólo para cancelar la cita, aduciendo que tiene mucho trabajo acumulado. Nos invita entonces a una nueva reunión, pero en la tarde la escena se repite: celular apagado y la secretaria afirma no saber dónde está. El jefe ambiental de Doe Run literalmente se esfumó.

Aunque César Gutiérrez, alcalde de La Oroya, nos promete enérgicamente fiscalizar el cumplimiento del plan ambiental, el futuro de la ciudad es incierto. Muchas autoridades han sido seducidas por el embriagante olor del dinero, como Jesús Díaz, jefe de Essalud, que vive en las casas de los trabajadores de Doe Run.

“Hay días en los que pienso irme de acá”, me dice Epson Núñez, joven padre de Mirella, una niña de un año que frecuentemente convulsiona y cambia de estados de ánimo. Los días en que su salud se agrava son aquellos en que la emisión de gases es más intensa. “Queremos que los dueños de Doe Run piensen en los niños de La Oroya. Nosotros luchamos por nuestros hijos, para que no padezcan lo de nosotros”.

Resulta angustiante  ver los profundos niveles de desigualdad que existen en el mundo. Mientras Rennert vive con sus hijos en una mansión en Long Island que es más grande que La Oroya y dobla en tamaño a la Casa Blanca, todo un pueblo muere lentamente en los Andes peruanos.

Es  urgente que Doe Run reduzca su producción como lo hizo en su planta de Missouri. El Estado debe desarrollar un plan integral de salud que declare La Oroya en estado de emergencia. No se debería esperar dos años más para que se construyan las dos plantas de ácido sulfúrico.

Los niños no entienden de leyes ni de intereses mezquinos, ellos sólo quieren crecer y correr libremente sintiendo cómo el viento acaricia sus rostros. Hagamos que este derecho universal sea posible, levantemos mil veces nuestras voces, no permitamos que la vida y los sueños de Dengel, Reiner, Mirella y de toda una nueva generación se hagan plomo…   

 por Róger Neyra

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