Dr. Ferran J. García

En materia de incapacidad temporal, y a efectos de coordinar las actuaciones de los Servicios de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y evitar la inseguridad jurídica que provoca la disparidad de diagnósticos de una y otra instancia, se establece un procedimiento mediante el cual el interesado pueda expresar su disconformidad ante la inspección médica con respecto al alta médica formulada por la Entidad gestora, determinándose los plazos concretos en que se han de pronunciar las partes implicadas y los criterios a seguir en caso de discrepancia, garantizándose en todo caso la continuidad de la protección del interesado hasta la resolución administrativa final con la que se culmine el procedimiento. Por otra parte, en los casos de agotamiento del período máximo de duración de la incapacidad temporal, la situación de incapacidad permanente revisable en el plazo de seis meses, que en la actualidad se genera, es sustituida por una nueva situación en la que la calificación de la incapacidad permanente se retrasará por el período preciso, hasta un máximo de veinticuatro meses, prorrogándose hasta entonces los efectos de la incapacidad temporal.

Con relación a la incapacidad permanente, de una parte se flexibiliza el período mínimo de cotización exigido a los trabajadores más jóvenes. Por otra parte, se modifica la forma de cálculo del importe de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, para aproximarla a la establecida para la pensión de jubilación, y también la del complemento de gran invalidez, desvinculándolo del importe de la pensión de incapacidad permanente absoluta.

Por lo que se refiere a la jubilación, y con el fin de incrementar la correlación entre cotizaciones y prestaciones, se establece que, para acreditar el período mínimo de cotización actualmente exigido para acceder al derecho a la pensión, se computarán únicamente los días efectivos de cotización y no los correspondientes a las pagas extraordinarias. Con respecto a la edad de jubilación se prevé la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en relación con nuevas categorías de trabajadores, previa realización de los correspondientes estudios de todo orden, con modificación de las cotizaciones, y sin que la edad de acceso a la jubilación pueda situarse en menos de 52 años. En relación con quienes prolonguen voluntariamente su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación se establece la percepción de una cantidad a tanto alzado, cuando el pensionista tenga derecho a la pensión máxima, o de un porcentaje adicional sobre la base reguladora de la pensión, cuando no se alcance dicha cuantía máxima. Se prevén medidas de mejora de las pensiones de quienes las causaron anticipadamente como consecuencia de un despido antes de 1 de enero de 2002, así como la consideración como involuntaria de la extinción de la relación laboral cuando ésta se produzca en el marco de expedientes de regulación de empleo.

Con respecto a la modalidad de jubilación parcial se supedita el acceso a la misma, como regla general, al cumplimiento de 61 años de edad, a que el trabajador tenga una antigüedad de 6 años en la empresa y a que acredite un período de cotización de 30 años, y ello con el fin de garantizar que esta clase de jubilación se avenga mejor a los objetivos que con ella se pretenden obtener. Se establecen, asimismo, ajustes en los porcentajes de reducción máxima y mínima de la jornada habitual de trabajo del trabajador que pasa a la jubilación parcial, así como la necesidad de que la base de cotización del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento de aquella por la que venía cotizando el trabajador que pasa a la jubilación parcial.

En materia de supervivencia, las mayores novedades atañen a la pensión de viudedad y, dentro de ésta, a su otorgamiento en los supuestos de parejas de hecho que, además de los requisitos actualmente establecidos para las situaciones de matrimonio, acrediten una convivencia estable y notoria durante al menos cinco años, así como dependencia económica del conviviente sobreviviente en un porcentaje variable en función de la existencia o no de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. También se introducen modificaciones en las condiciones de acceso a la pensión de viudedad en caso de matrimonio. En los supuestos excepcionales en los que el fallecimiento del causante esté ocasionado por una enfermedad común y no existan hijos comunes, se exige un período reducido de convivencia matrimonial y, de no acreditarse el mismo, se concederá una prestación temporal de viudedad. El acceso a la pensión de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil. Si, mediando divorcio, existiera concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, se garantiza el 40 por ciento de la base reguladora a favor del cónyuge sobreviviente o de quien, sin ser cónyuge, conviviera con el causante y cumpliera los requisitos establecidos. Asimismo, se prevé la posibilidad de que la suma de las pensiones de orfandad y de viudedad pueda rebasar el importe de la base reguladora del causante cuando el porcentaje aplicable para el cálculo de la pensión de viudedad sea del 70 por ciento, con el fin de que la aplicación de éste último no vaya en detrimento de la cuantía de las pensiones de orfandad. Finalmente, la equiparación de las parejas de hecho a las matrimoniales lleva a extender el tratamiento seguido para la viudedad también con respecto al auxilio por defunción y a las indemnizaciones a tanto alzado en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. La ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación, intentando con ello una aproximación, en la medida de lo posible, a la institución matrimonial. No obstante, habida cuenta de la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualación en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad.

En último término, se introducen asimismo otras modificaciones que afectan a la concatenación de las prestaciones de incapacidad temporal y de desempleo, para que cuando aquélla derive de una contingencia profesional, y durante su percepción se extinga el contrato de trabajo, el interesado siga percibiéndola hasta el alta médica sin consumir período de prestación por desempleo si después pudiera pasar a esta situación; a la cotización a favor de los perceptores de subsidio por desempleo mayores de 52 años por la contingencia de jubilación, que se realizará sobre una base más alta; y al futuro establecimiento de complementos por mínimos en favor de los pensionistas de incapacidad permanente total cualificada menores de 60 años.

INVALIDEZ PENSIONES Las pensiones suben este 1 de enero, con carácter general, el 4,1%, si bien las mínimas de jubilación se incrementan el 5% y el 6,5% cuando el perceptor tiene cónyuge a su cargo. Los viudos con responsabilidades familiares van a recibir al menos 600 euros al mes y todos los pensionistas cobrarán a finales de enero la paga compensatoria por la desviación de los precios en 2007.

La actualización de las prestaciones no es el principal cambio. A diferencia de otros años, el sistema público de pensiones experimenta en 2008 varias modificaciones, que figuran en la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, donde se recogen la última reforma consensuada entre Gobierno, patronales y sindicatos…..

Parejas de hecho

Uno de los cambios más importantes amplía el periodo mínimo para acceder a la jubilación. Tanto la normativa vigente hasta mañana como la modificada lo cifran en 15 años, pero la nueva regulación aclara que en la cotización ya no computan las pagas extraordinarias, es decir, que si hasta ahora 4.700 días eran suficientes -lo que suponía unos 12,5 años- ahora se requieren 5.475 días para que los 15 años exigidos se consideren efectivos.

Entre las reformas más populares de la nueva ley, figura la que, desde el 1 de enero de 2008, equipara el derecho de viudedad entre matrimonios y parejas de hecho, aunque para el cobro de la prestación es preciso acreditar, al menos, cinco años de convivencia o hijos comunes. Por otra parte, la viudedad adquiere carácter temporal si el vínculo matrimonial no llega a los dos años, no existen hijos y la muerte del causante se produce por enfermedad común. Estas exigencias también se aplican en las parejas de hecho. La Ley mejora la pensión de los jubilados que accedieron a esa condición anticipada y obligatoriamente, vía despido, antes del 1 de enero de 2002 y con 35 años cotizados, y afecta a la jubilación parcial para equiparar sus requisitos a los exigidos para la anticipada. Los interesados en este tipo de retiro tienen que ser mayores de 61 años, tener 30 cotizados y seis de antigüedad en la empresa. Para los mutualistas anteriores al 1 de enero de 1967 se mantiene la edad de 60 años.

Más allá de los 65

Los trabajadores mayores de 52 años dedicados a actividades peligrosas y discapacitados, pueden jubilarse con la llegada de 2008 antes de los 65 años tras la aplicación de coeficientes reductores. La medida conlleva modificación de las cotizaciones, para evitar pérdidas al sistema. A partir del 1 enero se mejoran las condiciones de prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de los 65 años. Todos los trabajadores que reúnan los requisitos necesarios para el retiro y quieran seguir en su empleo obtendrán un aumento del 2% de la prestación por cada año de más cotizado.

El incremento subirá al 3% si la carrera laboral alcanza los 40 años. En el caso de llegar a la pensión máxima, los interesados percibirán anualmente una cantidad a tanto alzado, cuyo importe se determinará en función de la duración de las aportaciones.

Desde el 1 de enero, finalmente, se reduce el periodo mínimo de cotización para acceder a la incapacidad permanente a los menores de 31 años y se establece una nueva fórmula para el cálculo de la prestación y del complemento de gran invalidez.

Ley 40/2007, medidas reforma de la Seguridad Social: jubilación anticipada..

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